La tensión entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto álgido tras las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien desafió públicamente al entonces presidente Donald Trump. El trasfondo de este conflicto es la controvertida decisión de Trump de deportar a cientos de venezolanos bajo una antigua ley del siglo XVIII, enfrentándose a la oposición del juez James Boasberg. Trump respondió atacando al juez Boasberg en redes sociales, calificándolo de “lunático” y solicitando su destitución mediante juicio político. Roberts, un magistrado conservador, intervino de manera poco habitual, recordando que la destitución de jueces no es un mecanismo para resolver desacuerdos judiciales, lo que refleja la gravedad con la que percibe la situación.
En el ámbito judicial, el conflicto ha escalado hasta convertirse en un pulso constitucional, con la Casa Blanca defendiendo la utilización de poderes presidenciales casi ilimitados. Los vuelos que deportaron a los venezolanos continuaron su trayecto a pesar de la orden de Boasberg para detenerlos, lo que llevó al juez a cuestionar el cumplimiento de la Administración con las decisiones judiciales. Esta situación pone de manifiesto un gobierno que parece dispuesto a desafiar los límites del sistema de equilibrio de poderes, contando con el respaldo entusiasta del Partido Republicano y gran parte de sus votantes. Mientras tanto, los demócratas enfrentan dificultades para unificar una respuesta eficaz ante las tácticas de la Administración Trump en materia migratoria y otras áreas de política gubernamental, mientras se aproxima el desafío de las elecciones de medio término.
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