Por primera vez en 44 años, Corea del Sur ha declarado la ley marcial en medio de una creciente tensión política. El presidente Yoon Suk Yeol anunció la «ley marcial de emergencia» tras acusar a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y bloquear el gobierno. En una declaración televisada, prometió erradicar las fuerzas pro-norcoreanas para proteger el orden democrático constitucional, aunque sus medidas parecen contradecir sus pronunciamientos. El general Park An-soo, designado comandante de la ley marcial, ha prohibido toda actividad política y concentración ciudadana, dejando a los medios de comunicación bajo control militar. La medida también restringe las actividades laborales y la difusión de información considerada falsa, permitiendo detenciones sin orden judicial.
El contexto político es tenso y complejo, con la popularidad del presidente Yoon en declive y su administración en conflicto constante con un Parlamento dominado por la oposición. La fractura se agrava con las acusaciones de corrupción contra funcionarios leales a Yoon y su esposa, lo que ha motivado reclamos de investigación por parte del Partido Democrático. La oposición, liderada por Lee Jae-myung, ha criticado la declaración de la ley marcial como inconstitucional y carente de justificación. A pesar del llamado del Partido Democrático a sus legisladores para reunirse en la Asamblea Nacional, las fuerzas del orden han bloqueado su entrada, intensificando la confrontación política. La situación recuerda a la última implementación de la ley marcial en 1979, tras el asesinato del dictador Park Chung-hee, sugiriendo un retorno a tiempos de autoritarismo militar.
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