En un movimiento político que sembró la confusión y desató protestas masivas en las calles de Seúl, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial, acusando a la oposición de actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. La decisión, inédita desde 1980, fue rápidamente repudiada tanto por la oposición como por figuras de su propio partido. La Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría, aprobó en sesión de emergencia una moción para levantar la medida. Pese a la votación, el ejército se mostró reticente a retirarse hasta que el presidente así lo decidiera. La intervención generó intensas manifestaciones y enfrentamientos frente a la sede parlamentaria, evidenciando una profunda crisis política en uno de los pilares democráticos de Asia.
La declaración de Yoon, que califica de «fuerzas pronorcoreanas» a sus oponentes, llega tras una serie de conflictos políticos internos, incluyendo intentos del Partido Democrático, de centroizquierda, de destituir a figuras clave de su gobierno. Con una popularidad en declive, el presidente conservador parece utilizar medidas drásticas para afirmarse en el poder, en medio de acusaciones de corrupción y con una economía en apuros, presionada por la inflación y el alto costo de la vivienda. La crisis política también impactó en los mercados, llevando al won a su nivel más bajo en dos años y obligando al gobierno a preparar medidas de estabilización económica. El episodio marca un hito en la tensa política surcoreana, mientras el liderazgo de Yoon enfrenta crecientes desafíos internos.
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