El escándalo provocado por la querella de agresión sexual contra José Ángel González, conocido como Jota y hasta hace poco director adjunto operativo de la Policía Nacional, ha captado la atención pública y política en España. Este lunes, el sindicato mayoritario Justicia Policial (Jupol) organizó una protesta frente al Ministerio del Interior, congregando a alrededor de medio centenar de manifestantes para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo. Los manifestantes consideran a ambos funcionarios como responsables directos del manejo del caso. La protesta contó con el apoyo de varios políticos del Partido Popular (PP) y Vox, quienes han respaldado previamente movilizaciones policiales contra el gobierno, especialmente en relación con intentos de reformar la polémica ley de Seguridad Ciudadana del PP.
Durante la concentración, Ana Vázquez, portavoz del PP en la comisión de Interior del Congreso, manifestó que este caso representa «el golpe más duro que ha recibido la Policía Nacional en toda su existencia». Aaron Rivero, secretario general de Jupol, resaltó la necesidad de un cambio en la cúpula policial y criticó lo que calificó como la «ley del silencio» aplicada por el Ministerio del Interior. Según Rivero, los canales internos no funcionaron adecuadamente, obligando a la víctima a recurrir a la justicia. Estas protestas destacan la tensión creciente entre algunos sectores policiales y el gobierno, mientras continúa el debate sobre la gestión de la seguridad y las reformas legales propuestas.
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