El Partido Popular ha reaccionado rápidamente al anuncio del Tribunal Supremo de abrir una investigación contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con el caso que involucra a Alberto Rodríguez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido públicamente al Fiscal General frente a estas acusaciones, subrayando la relevancia de los delitos fiscales admitidos por Rodríguez Amador y criticando al PP por su silencio al respecto. Mientras tanto, la ministra de Hacienda ha mostrado su respaldo a García Ortiz, destacando su profesionalidad y considerando los ataques como intentos de desacreditar el trabajo de la Fiscalía y las resoluciones judiciales.
Paralelamente, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se ha unido al clamor por una dimisión, argumentando que García Ortiz ha perdido su prestigio como jurista debido a la investigación del Tribunal Supremo. La APIF sostiene que su continuidad en el cargo es incompatible con las acusaciones de delito, alertando que mantenerlo en su puesto podría dañar significativamente el Estado de Derecho. La situación se complica con las declaraciones de Díaz Ayuso en redes sociales y la presión política en un entorno ya tenso por la imputación de Rodríguez Amador. Este panorama pone en el centro del debate la neutralidad y la integridad de las instituciones judiciales en España.
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