Un sector creciente de la población ha comenzado a reclamar exenciones fiscales más allá del 2025, enfocándose especialmente en la derogación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la devolución de las cantidades ya ingresadas. Esta petición se suma al deseo de que los ciudadanos puedan hacer efectivos los derechos consolidados de sus planes de pensiones. Las exigencias han ganado protagonismo en la esfera pública, generando un debate a nivel nacional sobre la sostenibilidad fiscal y la equidad de las cargas impositivas, especialmente tras los efectos económicos derivados de recientes crisis.
Las propuestas planteadas buscan aliviar la carga económica de las familias y preparar a los ciudadanos para un futuro incierto, mejorando así su capacidad de ahorro personal. Las demandas han sido bien recibidas por diversos colectivos, que argumentan que estas medidas permitirían un respiro financiero necesario e impulsarían el consumo en otros sectores de la economía. Sin embargo, los opositores del plan advierten que la eliminación y devolución del IBI podría tener repercusiones serias en los presupuestos municipales, obligando a los ayuntamientos a ajustar servicios esenciales. El debate sigue abierto, con posiciones firmemente divergentes entre quienes priorizan la autonomía financiera personal y aquellos que defienden la viabilidad de la infraestructura pública.
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