En el reciente encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los consejeros del Partido Popular manifestaron nuevamente su rechazo al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según los consejeros populares, el sistema desafía los principios de igualdad y solidaridad, beneficiando a Cataluña tras un acuerdo político con Esquerra. A pesar de las críticas y la desvinculación de los consejeros del PP, Montero ofreció a las comunidades la posibilidad de adherirse voluntariamente al nuevo modelo o continuar con el antiguo, una propuesta que no ha disipado las dudas de los críticos que exigieron más detalles durante la reunión, describiéndola como «decepcionante» y parcial en información.
Por su parte, algunos representantes de comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, también se han mostrado reticentes. En particular, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, ha calificado la propuesta de “chantaje”, mientras que Canarias, gobernada por una coalición de Coalición Canaria y el PP, cuestiona la suficiencia de los fondos asignados. Mientras el PP elabora su propio modelo de financiación, que será presentado por Alberto Núñez Feijóo, se mantiene el debate en torno a la ordinalidad del sistema, un tema que si bien el PP reconoce necesario, difiere en su aplicación. Este concepto promete que las comunidades que más aporten recibirán proporcionalmente más recursos, un esquema que inicialmente beneficia a Cataluña, pero que no se extiende de manera equitativa a otras autonomías, generando tensiones entre las regiones afectadas.
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