El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, ha iniciado un reclamo para clausurar un centro destinado a acoger a jóvenes que serán reubicados desde Canarias. La administración local asegura que el recinto no cuenta con la licencia adecuada para llevar a cabo esta función, lo que pone en entredicho el cumplimiento de las normativas establecidas. Según informes municipales, el centro no está adecuadamente equipado para garantizar el bienestar y la seguridad de los menores, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales y los residentes del área.
El consistorio ha manifestado su intención de tomar medidas legales si es necesario, argumentando que cualquier operación para albergar a jóvenes debe cumplir con un estricto marco regulatorio para asegurar el correcto funcionamiento y protección de los derechos de los menores. Esta situación ha generado un debate sobre la planificación y coordinación entre las comunidades autónomas y los municipios en la gestión de la reubicación de jóvenes migrantes, subrayando la importancia de garantizar que todas las infraestructuras cumplan con las normativas antes de ser utilizadas para dichos fines.
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