En medio de intensas negociaciones, el Partido Popular (PP) está dialogando con el Gobierno para modificar la ley de extranjería, con el objetivo de redistribuir a los menores migrantes por todo el territorio español. Esta discusión se centra en resolver la situación de 5,500 menores no acompañados que han llegado principalmente a Canarias, Ceuta y Melilla. Aunque el PP, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, busca establecer un acuerdo más amplio que abarque toda la política migratoria, el partido en Canarias está presionando para que se priorice la redistribución de estos menores, dada la capacidad desbordada de la región para acogerlos. El acuerdo firmado en septiembre entre Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo, incluye esta demanda de redistribución y requiere que las comunidades autónomas ofrezcan plazas de acogida, mientras que el despliegue de medidas en los países de origen es parte de un debate aún más amplio y complejo.
Las reuniones entre el PP, Coalición Canaria y el Gobierno, que se reanudaron recientemente, han estado plagadas de desafíos, especialmente en términos de definir las plazas mínimas de acogida por comunidad autónoma y el financiamiento correspondiente. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido señalada por las fuentes del PP como un obstáculo para alcanzar un consenso. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha expresado que la situación va más allá del simple reparto de menores, destacando la necesidad de avanzar en un acuerdo amplio de políticas migratorias. El criterio propuesto por el Gobierno, centrado exclusivamente en la población como base para la redistribución de menores, ha generado discusiones internas y externas, revelando las tensiones y las filtraciones que podrían amenazar el frágil proceso de negociación actualmente en curso.
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