El Partido Popular (PP) y Vox se encuentran en una encrucijada política en Castilla y León tras la victoria del popular Alfonso Fernández Mañueco. En su primer encuentro tras las elecciones, ambos partidos han mostrado posiciones divergentes: mientras el PP aspira a gobernar en solitario, Vox insiste en participar en el Gobierno regional. El portavoz del PP, Carlos Fernández-Carriedo, subrayó la intención de mantener su plan de campaña de gobernar sin alianzas, dejando a Vox, con 14 parlamentarios, en una posición crucial para posibilitar una mayoría legislativa. Sin embargo, la negativa de Mañueco a pactar con el PSOE y su insuficiencia de procuradores para sumar con las fuerzas provincialistas, complica su escenario político. La memoria de 2022, cuando Vox fue clave en la primera coalición europea con la extrema derecha en un gobierno territorial, resurge como un precedente no exento de tensiones.

Por su parte, Carlos Pollán, representante de Vox, recalca el interés de su partido por formar parte del Ejecutivo autonómico y afirma que su propuesta se centra en un acuerdo programático, más que en el reparto de cargos. La reunión ha sido descrita como «cordial», aunque Vox declina un pacto extraparlamentario, como sugirió el PP. Según Pollán, las futuras decisiones de su partido en la región buscan eliminar políticas compartidas por PP y PSOE, y aunque no se han tratado temas como la inmigración, estos se abordarán en el futuro si las discusiones avanzan positivamente. La situación reabre la pugna por puestos estratégicos, como la presidencia de las Cortes, que anteriormente causó fricciones significativas en 2024. A pesar de la clara disposición al diálogo, las negociaciones no avanzan hacia un rápido consenso, con la fecha límite para formar grupos parlamentarios el próximo 14 de abril, y un plazo de dos meses para definir la gobernabilidad o enfrentarse nuevamente a las urnas.

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