La administración de Donald Trump ha tomado medidas drásticas para reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos, en un esfuerzo por cumplir su promesa electoral de combatir la inmigración ilegal. Entre las acciones destacadas, el despliegue de hasta 1.500 soldados adicionales del Pentágono a la frontera con México busca aumentar significativamente la presencia militar en la zona, respaldada por helicópteros y personal de inteligencia para labores de detección y monitoreo. Este primer contingente forma parte de un plan que podría involucrar a 10,000 efectivos, destinado a facilitar la deportación de más de 5,000 inmigrantes irregulares desde San Diego y El Paso y contribuir a la construcción de barreras fronterizas. La administración también ha señalado la posibilidad de que las tropas asuman funciones de policía, un movimiento que podría requerir la invocación de la controvertida Ley contra la Insurrección de 1807.
Paralelamente, Trump ha implementado un conjunto de órdenes ejecutivas dirigidas a limitar los derechos de ciudadanía para los hijos de inmigrantes y ha autorizado redadas en sitios considerados santuarios, como iglesias y hospitales. En una acción que ha generado controversia, Trump suprimió el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que 22 estados ya han impugnado judicialmente por considerarla inconstitucional. Además, la administración ha ordenado la destitución de juezas que supervisaban tribunales de migración y establecido investigaciones hacia cualquier funcionario que obstaculice la implementación de estas políticas. La respuesta del Pentágono incluye un plan de vigilancia marítima para prevenir la migración desde naciones vecinas, mientras que el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, ha iniciado conversaciones con México para abordar estos temas. El enfoque de Trump sugiere un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria de Estados Unidos, provocando debates y enfrentamientos legales que podrían prolongarse en el tiempo.
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