La sentencia condenatoria contra Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional, por malversación de fondos públicos ha sacudido el panorama político en Francia. Le Pen fue sentenciada a cuatro años de cárcel y recibió una inhabilitación política de cinco años, lo que dificulta su participación en las elecciones presidenciales de 2027. Esta decisión ha generado un cisma tanto en el ámbito político como en el electorado francés, con divisiones entre quienes ven la sentencia como un acto de justicia y aquellos que la perciben como un movimiento político para marginar a Le Pen. El RN se enfrenta ahora al reto de capitalizar el descontento entre sus seguidores, mientras su líder cuestiona la integridad del sistema judicial francés.
Jordan Bardella, sucesor potencial de Le Pen, ha respondido a la crisis convocando a movilizaciones pacíficas para expresar la indignación de sus seguidores. Sin embargo, el llamado a la acción enfrenta el desafío de evitar desórdenes como los ocurridos durante el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Bardella, consciente del contexto volátil, ha condenado cualquier forma de violencia, insistiendo en que las discrepancias deben resolverse por vías políticas y legales. La polémica ha escalado hasta el más alto nivel, con el primer ministro François Bayrou y otros líderes políticos criticando la decisión judicial, argumentando que refleja una intromisión en procesos democráticos y comparándola con casos similares en otras naciones.
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