El proceso de selección de nuevos comisarios para la Comisión Europea ha generado un intenso debate en el Parlamento Europeo, especialmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que examina los posibles conflictos de interés de los candidatos. Este escrutinio ha sido cuestionado por su falta de profundidad, ya que se basa principalmente en las declaraciones presentadas por los propios candidatos, las cuales no son públicas. Críticas han surgido desde distintos grupos políticos, como La Izquierda, que pone en duda la independencia de algunos candidatos debido a sus vínculos previos con el sector privado. Ejemplos señalados incluyen a Wopke Hoekstra, antiguo trabajador de Shell, y a María Luis Albuquerque, integrante del consejo asesor de Morgan Stanley. Estos vínculos levantan sospechas sobre la imparcialidad que puedan mostrar en sus respectivas áreas de competencia, como impuestos y servicios financieros.
A estas inquietudes se suman revelaciones sobre los patrimonios inmobiliarios de algunos candidatos, como Apostolos Tzitzikostas y Ekaterina Zaharieva, lo que aviva el debate sobre el posible conflicto entre su riqueza personal y sus futuras labores en la Comisión. El proceso de audiencias, que se desarrollará en noviembre, será crucial para determinar la viabilidad de estos candidatos. Sin embargo, el limitado poder de investigación del Parlamento, agravado por la falta de acceso público a las declaraciones de intereses de los candidatos, limita la eficiencia del sistema de evaluación. Aunque el objetivo es que la nueva Comisión inicie funciones el 1 de diciembre, el camino está sembrado de obstáculos que podrían retrasar su puesta en marcha, destacando la necesidad de incrementar el nivel de transparencia y revisión para evitar futuros escándalos como el Qatargate.
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