La Unión Europea tiene un problema serio con los semiconductores. Un informe titulado ‘Encuesta de la UE sobre riesgos geopolíticos en el sector de los semiconductores’ advierte de que la probabilidad de interrupciones graves en la cadena de suministro es alta durante los próximos cinco años, con un horizonte de análisis que llega hasta 2031. La dependencia de Asia y Estados Unidos en este sector deja al bloque europeo con poco margen de maniobra si la situación geopolítica empeora.
El mayor riesgo identificado es un posible conflicto militar en el Estrecho de Taiwán, al que los expertos consultados dan una puntuación de 8,2 sobre 10. Taiwán concentra una parte desproporcionada de la fabricación mundial de chips avanzados, y cualquier interrupción en la isla afectaría directamente a la automoción, las telecomunicaciones y la electrónica de consumo en Europa.
El segundo riesgo en importancia, con una puntuación de 7,96, son los controles de exportación que países proveedores como China aplican sobre materias primas y tecnologías específicas. Pekín ya ha impuesto restricciones al acceso a determinados minerales y componentes que entran en la fabricación de semiconductores, lo que complica el abastecimiento de las fábricas europeas.
El informe también señala otras amenazas: tensiones en la península coreana, el riesgo de confrontación entre la OTAN y Rusia, y la posible interrupción de rutas marítimas y aéreas que mueven los componentes entre continentes. La dependencia en diseños ‘legacy’ —chips de generaciones anteriores— en manos de proveedores estadounidenses y asiáticos añade otro factor de riesgo que Europa controla poco.
La respuesta de Bruselas incluye subsidios para ampliar la capacidad de fabricación local, controles sobre la transferencia de tecnología y la búsqueda de alianzas con socios estratégicos fuera de la órbita china y la americana. El European Chips Act, aprobado en 2023, fija el objetivo de producir en suelo europeo el 20% de los semiconductores mundiales para 2030, desde el 10% actual. El camino es largo.
La cuestión de la soberanía tecnológica es también parte del debate sobre la inteligencia artificial. España, según varios análisis recientes, debe acelerar su apuesta por la IA para no quedar rezagada respecto a los países que ya están invirtiendo en esta tecnología a escala industrial. Los chips son el cimiento de esa apuesta.
La dependencia tecnológica tiene también consecuencias directas para el empleo. Madrid lidera la creación de empleo en España con más de 132.000 nuevas posiciones en el último año, pero muchos de esos puestos dependen de cadenas de valor globales que necesitan un suministro estable de componentes electrónicos.
Taiwán alberga las fábricas más avanzadas del mundo, principalmente TSMC. El proceso de construcción de una fábrica de chips competitiva tarda entre cinco y diez años y requiere decenas de miles de millones en inversión. Europa lleva décadas sin priorizar esa inversión, lo que deja a las empresas del continente con pocas alternativas locales.
Desde 2023, China ha limitado las exportaciones de galio y germanio, dos elementos clave para la fabricación de semiconductores y equipos de telecomunicaciones. En 2024 amplió esas restricciones al grafito. Estos materiales se extraen y procesan en China en una proporción muy alta de la producción mundial.
Es la ley aprobada por la UE en 2023 para reforzar la producción propia de semiconductores. Compromete 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas con el objetivo de que Europa fabrique el 20% de los chips mundiales para 2030.
Según el informe citado, el mayor riesgo es un posible conflicto militar en el Estrecho de Taiwán, valorado con 8,2 puntos sobre 10. Le siguen los controles de exportación de China sobre materias primas (7,96/10).
