Las fuerzas policiales han comenzado a incorporar drones equipados con lectores automáticos de matrículas (ALPR) en sus operaciones, una innovación que ha generado preocupaciones respecto a la privacidad de los ciudadanos. Estos drones, además de su función de vigilancia, pueden capturar imágenes de matrículas y otros detalles del vehículo, como marca, modelo y color.
Rahul Sidhu, vicepresidente de aviación de Flock Safety, destacó el uso de estos drones en una reciente presentación dirigida a agencias policiales interesadas en programas de drones como primer respondedor (DFR). Según Sidhu, la tecnología ALPR integrada permite ampliar el alcance de la vigilancia policial, lo que plantea serios riesgos para la privacidad individual.
A medida que el interés por los programas DFR ha crecido, empresas como Axon y Motorola Solutions han ampliado sus ofertas en este ámbito. La falta de regulación específica sobre el uso de drones y ALPR ha despertado preocupaciones sobre un posible mal uso de esta tecnología.
Los sistemas ALPR son herramientas comunes entre las agencias policiales del país, ya que permiten almacenar y compartir información sobre vehículos con otras entidades, incluidas agencias federales. Aunque se argumenta que ayudan a prevenir el crimen, su capacidad para recopilar datos de ciudadanos no implicados en actividades delictivas genera inquietud sobre un posible seguimiento indiscriminado.
Por otro lado, la tecnología de drones permite acceder a áreas difíciles de alcanzar, como patios traseros o techos. Con el creciente número de exenciones otorgadas por la FAA para el uso de drones en aplicaciones policiales, su despliegue se ha vuelto más frecuente.
Es fundamental que las comunidades exijan regulaciones que limiten el uso de drones y sistemas ALPR para evitar abusos y la vigilancia constante de ciudadanos sin razones justificadas. Algunas agencias policiales reconocen los riesgos, pero no siempre se informa adecuadamente sobre las capacidades de los drones que adquieren, lo que puede dar lugar a una vigilancia invasiva sin el conocimiento de los responsables políticos.
La combinación de ALPR y drones podría cambiar radicalmente la forma en que se recopila y utiliza la información sobre los ciudadanos, lo que subraya la necesidad de regulación y control para salvaguardar los derechos de privacidad de la población.
