Recientes informes han puesto de relieve un preocupante esfuerzo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) por establecer un consorcio de datos que permitiría a agencias de inteligencia y fuerzas del orden acceder, mediante compra, a información personal muy sensible. Esta plataforma en línea facilitaría el acceso a datos recopilados por corredores de datos, lo que supondría un serio revés para los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Imaginemos el sistema como un centro comercial, donde los corredores de datos actúan como tiendas que ofrecen información personal obtenida de aplicaciones móviles. Los datos podrían incluir desde contactos y datos financieros hasta hábitos de navegación y la geolocalización constante. En este escenario, las agencias gubernamentales funcionarían como clientes, utilizando fondos públicos para adquirir información que, en condiciones normales, requeriría una orden judicial.
La preocupación crece a medida que documentos contractuales revelan las intenciones claras de la ODNI. Varios estados, alertados por este desarrollo, están legislando para cerrar las brechas legales que permiten estas compras de datos sin supervisión judicial. Montana ya ha prohibido a la policía adquirir datos de geolocalización obtenidos de aplicaciones móviles sin una orden judicial. En la esfera federal, la propuesta de ley conocida como «El Cuarto Enmienda No Está en Venta», respaldada por la Electronic Frontier Foundation, busca cerrar estas brechas, aunque recientemente ha encontrado obstáculos en el Senado.
Pese a la creciente oposición, el gobierno federal sigue adelante con esta política controversial. Para realmente proteger las libertades civiles, la ODNI debería enfocarse en cerrar las brechas que permiten la vigilancia injustificada. La comunidad pide a los legisladores que finalicen la legislación que garantizaría la privacidad ciudadana y restringiría el acceso del gobierno a datos obtenidos sin las debidas órdenes judiciales.
Ahora más que nunca, es vital que los defensores de la privacidad exijan transparencia y responsabilidad al gobierno en este asunto crucial.
