El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha presentado su informe de otoño, el cual revela los desequilibrios estructurales que enfrenta la economía española más allá de los efectos inmediatos que puedan indicar los actuales indicadores económicos. A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado un crecimiento superior al promedio de la Unión Europea en el corto plazo, impulsado por la inflación y revisiones extraordinarias por parte del Instituto Nacional de Estadística, existen serios retos subyacentes. Estos incluyen un aumento crónico en el gasto público que ahoga la inversión privada, un déficit público creciente a pesar de la aparente reducción del cociente déficit/PIB y una deuda pública que ya supera los 1,6 billones de euros. Al mismo tiempo, el sector exterior muestra signos de agotamiento debido a la desaceleración económica de socios comerciales clave, mientras que el crecimiento interno está afectado por el estancamiento del PIB per cápita en paridad del poder de compra, quedando España por debajo del 90% de la media de la UE.
El informe también señala que las políticas fiscales y laborales actuales podrían agravar estos problemas estructurales. La subida del salario mínimo y la intención de reducir la jornada laboral incrementan los costes laborales, lo que podría desalentar la inversión y reducir la demanda de trabajo. Además, la fiscalidad considerada confiscatoria y las leyes restrictivas en el mercado inmobiliario añaden un nivel de inseguridad jurídica, que a su vez podría ahuyentar a potenciales inversores. El gasto en pensiones continúa aumentando sin una reforma que garantice su viabilidad a largo plazo, y la política energética sigue siendo un área de preocupación debido a la falta de apuesta por la energía nuclear. Colectivamente, estas políticas podrían generar más inestabilidad económica, dificultando el crecimiento económico sostenible a largo plazo. La recomendación del Observatorio es limitar el gasto público, reformar las pensiones, reevaluar políticas fiscales y energéticas y proporcionar un marco jurídico más estable para facilitar un entorno económico más propicio para el crecimiento.
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