En un movimiento inesperado que ha sacudido el panorama político del país, el monarca ha asumido las competencias en materia de Exteriores, retirándolas de la jurisdicción del Gobierno. Esta decisión, que ha generado un intenso debate, marca un cambio significativo en la distribución del poder y levanta preocupaciones respecto a la influencia que tendrá el rey en la política exterior. La monarquía, al asumir estas funciones, se posiciona de manera directa en asuntos que tradicionalmente han sido manejados por autoridades gubernamentales, alterando el equilibrio del poder ejecutivo.
La oposición ha manifestado su inquietud, advirtiendo que esta maniobra podría socavar la institucionalidad democrática y generar tensiones en las relaciones internacionales. Los críticos temen que un control monárquico sobre los asuntos exteriores reduzca la transparencia y diluya la rendición de cuentas del Gobierno. En respuesta, sectores oficialistas han defendido la medida argumentando que ofrece continuidad y estabilidad en tiempos de incertidumbre global. La situación ha puesto en la palestra el debate sobre los límites del poder real y su papel en un sistema constitucional.
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