El debate sobre el crecimiento poblacional en Cataluña, hacia una proyección de 10 millones de habitantes, se ha intensificado en el ámbito político y social. La discusión, marcada por posturas antagónicas, invita a la reflexión sobre un modelo sostenible de país, evitando caer en respuestas simplistas o extremistas. En el centro del debate no está solo la cuestión migratoria, sino la idoneidad del modelo productivo y la eficacia de las políticas públicas. Con una natalidad decreciente, la inmigración ha sido clave para el crecimiento demográfico catalán, lo que plantea retos sobre cómo gestionar esta evolución sin agravar problemas existentes como la crisis habitacional y las tensiones en los servicios públicos.
Ante este escenario, la Generalitat recalca la necesidad de planificación para un posible incremento poblacional, y aboga por reformas administrativas y un impulso a la inversión en vivienda social e infraestructura. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de lograr grandes acuerdos políticos y económicos que hasta ahora se han eludido. Estos incluyen diversificar la economía, actualizar los salarios, fomentar energías renovables, y garantizar el acceso a la vivienda y servicios básicos. La meta es clara: evitar que el crecimiento se convierta en un problema, apostando por una estrategia que contemple una Cataluña inclusiva y sostenible.
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