En Asturias, el reciente anuncio del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna ha generado una fuerte reacción. La decisión contradice el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga del peaje hasta 2050, aprobada durante el mandato de Francisco Álvarez Cascos. El Ministerio de Transportes se aferra a la legalidad del contrato con Aucalsa, argumentando que tiene respaldo jurídico, mientras que la Comisión ha dado al Gobierno un plazo de dos meses para corregir la situación o enfrentar sanciones en el Tribunal de Justicia de la UE. Este conflicto ha unido a diversas voces políticas y sociales, incluyendo al Gobierno regional, que apoyan una resolución judicial si el Ejecutivo central no revierte la prórroga.
La reacción ha sido generalizada, con la movilización de sindicatos y empresarios que urgen al Gobierno a acatar la normativa europea y retirar el peaje. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, destaca la injusticia del peaje y su impacto económico negativo en la región. Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, ha convocado una gran manifestación social para protestar contra la postura del Ministerio, y critica que mantener el peaje puede resultar en multas millonarias. Desde sus inicios en 1983, el peaje ha sido tema de debate, con promesas incumplidas de eliminación por parte de gobiernos anteriores, mientras la recaudación proyectada por Aucalsa para 2050 se estima en 2.150 millones de euros. La histórica infraestructura sigue siendo un punto crucial de conexión entre Asturias y la Meseta.
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