El Ministerio de Cultura español, bajo la dirección de Ernest Urtasun, ha dado un paso significativo en la extinción de la Fundación Francisco Franco, al anunciar que reclamará el archivo histórico actualmente en posesión de dicha fundación. Según el ministerio, estos documentos, que suman un total de 27,620 revisados solo en este verano, deberían ser considerados patrimonio público debido a su origen en actividades de Estado durante el régimen franquista. El análisis revela que los documentos, provenientes del periodo presidencial de Franco y producidos principalmente en la Casa Civil y la Secretaría del dictador, deben ser restituidos al Estado español para su conservación bajo la Ley del Patrimonio Histórico Español. Esta normativa dictamina que los registros generados por figuras públicas pertenecen al dominio público y no pueden ser privatizados.

Esta medida se enmarca en un contexto de esfuerzos más amplios para erradicar vestigios del franquismo, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador. Este movimiento incluye la presentación de informes que demuestran el conflicto de la fundación con la Ley de Memoria Histórica, debido a su apología al régimen franquista. Asimismo, el Ministerio confía en un precedente judicial similar al del Pazo de Meirás, donde la justicia ya dictaminó que ciertos bienes correspondían al dominio público. Paralelamente, Cultura ha comenzado procesos para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas, mientras el gobierno enfatiza que el Estado no debe subsidiar actividades que atenten contra los valores democráticos.

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