El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto hoy el proceso de participación pública para modificar dos importantes normativas en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC): el Real Decreto 1046/2022, que regula la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC, y el Real Decreto 1049/2022, relativo a la aplicación de la condicionalidad reforzada y social de dicha política. Esta iniciativa busca recoger las opiniones y comentarios de la ciudadanía y de diversas entidades interesadas, con el fin de enriquecer y mejorar el marco jurídico vigente.
La modificación propuesta se centra en las disposiciones del Reglamento (UE) 2025/2649 del Parlamento Europeo y del Consejo, válido desde diciembre de 2025, que introduce medidas de simplificación en los Reglamentos base de la PAC. Estos cambios buscan optimizar los procedimientos actuales, lo cual podría repercutir positivamente en la administración de recursos agrícolas y pesqueros en España.
La apertura de este trámite se enmarca dentro de las disposiciones del artículo 26.6 de la Ley 50/1997, que obliga a someter a consulta pública ciertos proyectos legislativos. Esta consulta no solo permite una mayor transparencia en el proceso de formulación de políticas, sino que también fomenta la inclusión de las perspectivas de los ciudadanos y actores que podrían verse afectados por las nuevas normativas.
El plazo para enviar observaciones y comentarios se extiende hasta el 13 de febrero de 2026, lo que brinda tiempo suficiente para que los interesados puedan estudiar las modificaciones propuestas y expresar sus opiniones. Se espera que tanto los agricultores como las entidades relacionadas con el sector agroalimentario participen activamente en este proceso, aportando sus experiencias y conocimientos para lograr un marco regulatorio más eficiente y ajustado a las necesidades actuales.
El enlace facilitado por el ministerio dirige al portal donde se detallan los aspectos del proyecto de modificación y se explica cómo participar en esta consulta. Se trata de una oportunidad significativa para contribuir activamente en la conformación de normativas que influirán en el desarrollo del sector agroalimentario del país.
Este tipo de ejercicios de gobernanza abierta son cada vez más comunes y reflejan un esfuerzo por parte de las instituciones públicas para ser más receptivas a las necesidades y sugerencias de sus ciudadanos. No cabe duda de que tales iniciativas fortalecen la democracia y promueven una gestión pública más participativa y cercana a la realidad de aquellos a quienes están destinadas las políticas.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
