La batalla judicial por el legado del empresario Pere Mir ha puesto en riesgo la financiación de proyectos científicos en Cataluña. Mir, quien dejó explícitas instrucciones para que su patrimonio financiara fundaciones dedicadas a la investigación científica y causas sociales, designó a Jordi Segarra como uno de los albaceas para gestionar sus bienes. Sin embargo, una investigación judicial en curso, apoyada por los Mossos d’Esquadra, está examinando si Segarra y otros albaceas se beneficiaron indebidamente de este patrimonio, con acusaciones que sugieren un posible desfalco de al menos 8,4 millones de euros. Entre las transacciones cuestionadas se incluye la entrega de una propiedad en Baqueira Beret al oncólogo Josep Tabernero y su esposa, transacción que no fue documentada formalmente.
La jueza del caso ha ordenado la administración judicial de la Fundación Cellex, mientras el abogado defensor Jorge Navarro argumenta que todas las operaciones realizadas por Segarra han seguido las voluntades de Mir, incluyendo la liquidación de sociedades offshore que permitieron la transferencia de 47 millones de euros a las fundaciones benéficas. Navarro critica las acciones coordinadas entre el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat y los Mossos, alegando que han comprometido los derechos de sus clientes y que la intervención judicial de la Fundación Cellex es desproporcionada. Además, cuestiona el decomiso de unas joyas familiares, afirmando que pertenecen al patrimonio personal de Mir y su esposa y no están vinculadas al caso judicial.
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