El juez del Tribunal Supremo ha decidido proponer la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. La decisión surge tras encontrar indicios de que ambos funcionarios pudieron haber cometido un delito de revelación de secretos, tras la filtración de un correo electrónico confidencial relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este caso ha generado un considerable revuelo en el ámbito político y judicial, planteando serias cuestiones sobre la ética en el manejo de información sensible por parte de fiscales. La situación subraya la creciente atención que las instituciones judiciales están prestando a la protección de la confidencialidad y el manejo adecuado de las pruebas en procesos legales, lo que podría tener amplias repercusiones para los implicados.
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