El magistrado encargado del caso ha destacado que la Audiencia de Madrid dejó abierta la posibilidad de continuar con el proceso judicial, sugiriendo que no llevar a cabo acciones posteriores podría considerarse un delito. En este contexto, se argumenta que abandonar las diligencias después de que éstas fueran permitidas por una instancia superior implicaría desobedecer lo que legalmente se ha establecido como un camino a seguir. La continuidad del proceso no sólo responde a una cuestión de procedimiento legal, sino también a la necesidad de cumplir con las obligaciones judiciales establecidas por las instancias pertinentes, garantizando que se haga justicia en consonancia con el marco legal vigente.
La decisión de proseguir es vista como un paso fundamental para asegurar que el caso sea manejado con el rigor y formalidad que exige el sistema judicial. Este escenario pone de relieve la responsabilidad de las autoridades judiciales de cumplir con las directrices previamente indicadas por la Audiencia de Madrid, la cual no habiendo encontrado razones para cerrar el caso, emplaza a seguir investigando. Así, se refuerza la premisa de que el sistema judicial debe actuar conforme a la ley, evitando omisiones que podrían derivar en una infracción legal y, por ende, en un incumplimiento del deber de la justicia.
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