El conflicto en torno al exlíder de ETA, Josu Ternera, vuelve a ocupar la agenda judicial y política en España. El pasado viernes, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ordenó la búsqueda y detención del histórico dirigente, quien actualmente reside en el País Vasco francés bajo vigilancia judicial. La decisión también incluye la emisión de una nueva orden europea de arresto, en un contexto en el que la Justicia española busca esclarecer la participación de Ternera en actividades relacionadas con la organización terrorista ETA.
Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, tiene 74 años y ha sido una figura central en el entramado del terrorismo vasco durante décadas. La orden de captura llega tras la reactivación del proceso legal en su contra, específicamente por su supuesta participación en la financiación de ETA a través de las famosas ‘herriko tabernas’, según consta en una causa que comenzó en 2013 y en la que se condenó a 20 personas, aunque en ese momento Ternera seguía en fuga. Fue en mayo de 2019 cuando fue detenido en Francia tras 17 años prófugo.
El magistrado Pedraz procesó en julio pasado a Ternera por el delito de dirección de organización terrorista, acción que se sustenta en la evidencia recabada tras una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía. La revisión de documentos confiscados durante su captura indica que el exlíder de ETA habría actuado como uno de los máximos dirigentes de la banda desde su exilio, fusionando su rol en hechos de gran envergadura, incluyendo reuniones con funcionarios del Estado español en las que habría representado a la organización.
Este nuevo procesamiento se sustenta en la evidencia de su participación activa en la estructura y liderazgo de ETA durante su huida, además del poso simbólico que representa su figura para los veteranos del grupo y las víctimas del terrorismo. La decisión judicial también considera que su posesión de documentos restringidos solo podía estar en manos de los altos mandos del grupo, reiterando la hipótesis de que habría sido uno de sus principales responsables.
La historia judicial de Ternera se remonta a la captura en 2019, tras casi dos décadas de búsqueda. La lucha por su extradición ha sido constante, aunque ahora la atención se centra en un juicio que también está pendiente en Francia, donde su proceso fue aplazado hasta abril de 2026 por motivos de salud. La fiscalía francesa también mantiene abiertas varias causas contra él, entre ellas su implicación en el atentado de Zaragoza en 1997, que dejó 11 muertos, incluidos seis niños, en un ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil.
Organizaciones de víctimas y asociaciones jurídicas han pedido en los últimos meses que se incorporen nuevas pruebas a los casos pendientes contra Ternera, señalando que estos documentos pueden ser clave para esclarecer varias de sus acciones durante años de actividad armada. La institución Dignidad y Justicia, liderada por Daniel Portero, así como otros actores, han insistido en la necesidad de avanzar en la justicia para las víctimas y en la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por ETA.
A pesar de la detención y los avances judiciales, el exlíder continúa siendo una figura polémica, símbolo tanto del pasado violento de ETA como de la complejidad del proceso de paz en España. La justicia española busca ahora dar un paso más hacia la rendición de cuentas, en un contexto donde las heridas de décadas de terrorismo aún permanecen abiertas en la memoria colectiva del país.
