El juez Santiago Pedraz ha determinado el procesamiento de Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y secretario de Estado de Seguridad Exterior, junto con los principales oficiales de Inteligencia de su gobierno. Se les acusa de delitos graves, incluyendo secuestro con fines terroristas, torturas y crímenes de lesa humanidad. Estos cargos surgen tras el secuestro en 2019 de cuatro opositores en Yuba, Sudán del Sur, dos de los cuales son ciudadanos españoles. Uno de los secuestrados, Julio Obama, murió presuntamente como consecuencia de las torturas sufridas. El proceso judicial se ha extendido durante cuatro años, en los cuales Pedraz intentó ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial, un intento que fue bloqueado por resoluciones tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo español.
A pesar de las órdenes internacionales de captura emitidas contra los acusados, Pedraz había mostrado reticencias hasta que las instancias judiciales superiores lo obligaron a proceder. Sin embargo, los esfuerzos del juez por convocar a declarar a los implicados ha sido en vano, ya que estos han hecho caso omiso a las citaciones, contando con el respaldo de Teodorín Nguema Obiang, vicepresidente del país y hermanastro de uno de los procesados. Guinea Ecuatorial ha rechazado persistentemente reconocer la autoridad de la justicia española, y ha tratado de abrir una investigación paralela en su país para desviar la jurisdicción del caso, una estrategia similar a la utilizada por Teodorín en un caso de blanqueo de capitales en Francia. Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han rechazado estos intentos, asegurando que el caso debe continuar en territorio español.
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