El Gobierno español ha aprobado un real decreto que regulariza la situación de aproximadamente 800.000 migrantes que residen y laboran en el país sin la debida autorización legal, eludiendo así la ratificación del Parlamento. Sin embargo, esta decisión ha suscitado intensos cuestionamientos en el ámbito legal, especialmente por parte del juez Jaime Lozano, quien ha manifestado serias dudas sobre la legalidad de la medida. Según Lozano, el decreto no solo establece un permiso que no está contemplado en la legislación vigente, sino que también introduce mecanismos de acreditación que carecen de validez jurídica, como la declaración responsable para demostrar la ausencia de antecedentes penales.
Además, el magistrado ha señalado que el decreto omite requisitos fundamentales que la ley exige para la regularización, tales como la necesidad de un contrato de trabajo, medios económicos y un tiempo mínimo de residencia. La metodología empleada para la regulación ha sido calificada como una «puerta de atrás» para eludir los procedimientos adecuados, dejando a las solicitudes abiertas incluso en casos de órdenes de expulsión. Lozano ha subrayado que, aunque apoya la idea de regularizar a los migrantes que llevan tiempo en España, considera que la manera en que se está llevando a cabo este proceso carece de las garantías legales necesarias y debería haberse realizado a través de una modificación de la ley orgánica de extranjería.
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