El juez José Antonio Gómez ha intensificado su investigación sobre los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía, firmados por un total de 242 millones de euros entre 2020 y 2024. Gómez ha ordenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que entregue de manera detallada todos los documentos relacionados con esos contratos, incluidos correos electrónicos, facturas y prórrogas, para esclarecer cómo se llevaron a cabo los acuerdos entre el Gobierno andaluz, liderado por el PP, y la sanidad privada. La Fiscalía Anticorrupción y el PSOE, que actúan como acusación popular, habían solicitado previamente esta información. El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla mantiene acusados de prevaricación a actuales y anteriores altos cargos del SAS.
En un giro adicional, el juez ha solicitado información sobre cambios en la tarifa para operaciones y pruebas diagnósticas realizadas por hospitales privados durante la pandemia, lo que ha levantado sospechas entre los socialistas acerca de un posible incremento injustificado del gasto público. Gómez no descarta incluir a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que sus peritos evalúen la legalidad de los contratos. Además, ha requerido informes sobre contratos en áreas específicas como la costa de Huelva y el hospital militar de Sevilla. El magistrado busca aclarar la confusión generada por la manera desordenada en que la Junta ha proporcionado la información hasta ahora.
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