El magistrado Antonio Piña de la Audiencia Nacional ha decidido llevar al banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a tres de sus antiguos colaboradores, en el marco de una investigación sobre un presunto proyecto de espionaje conocido como Proyecto Hook. Este caso se originó en 2014 cuando Villarejo, mediante su compleja red de contactos e influencia dentro de la Policía Nacional, a la que pertenecía, presuntamente recabó datos confidenciales sobre un empresario y un abogado a petición de una pareja de inversores descontentos con sus negocios en la sociedad Mayoral Aviación. Esta es una de las muchas líneas de investigación del prominente caso Villarejo, un amplio entramado de presuntas irregularidades y corrupción que involucra cerca de medio centenar de procesados.
El juez Piña, quien ha tomado las riendas del caso tras la jubilación forzosa del juez Manuel García-Castellón, planea cerrar las líneas de investigación pendientes en este extenso sumario que continúa revelando los turbios negocios privados de Villarejo. Anticorrupción sostiene que Villarejo usó su posición para crear una red de sociedades que ofrecían servicios que iban desde la investigación privada hasta la seguridad, utilizando información privilegiada y datos confidenciales de bases de datos restringidas. Pese a la defensa del comisario, que alega que sus acciones formaban parte de operaciones encubiertas autorizadas, la Fiscalía mantiene que Villarejo cometió cohecho y revelación de secretos, sin embargo, el magistrado ha decidido no acusar a los inversores, al no haber pruebas de que supieran que estaban contratando a un funcionario.
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