El número de hogares en España que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa en aumento, consolidándose como una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social. Según reportó el Ministerio de Inclusión, a cierre de diciembre pasado, un total de 799.553 familias estaban beneficiándose de esta prestación, lo que representa un incremento de 125.824 prestaciones respecto al año anterior, es decir, un crecimiento del 18,7%. En términos de personas, la cifra alcanza las 2.441.647, con un aumento interanual de 393.892 individuos, equivalente a un 19,2%. Entre los beneficiarios, casi un millón son menores de edad, confirmando el peso que tiene esta ayuda en la protección de la infancia y los adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El monto promedio percibido por hogar en diciembre fue de 483,1 euros mensuales, totalizando una inversión de 412 millones de euros al mes. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, destacó que en 2026 la cuantía de estas prestaciones sufrirá una revalorization del 11,4%, en línea con las expectativas de fortalecer la protección social. Además, se observa un perfil mayoritariamente femenino entre los titulares, ya que el 68% de las cargas principales corresponden a mujeres, reflejando la realidad de muchas familias monoparentales.
El IMV fue diseñado en 2020 con la intención de garantizar un ingreso mínimo a las familias más vulnerables, emergiendo como una política social de gran relevancia en el panorama político y social del país. Sin embargo, su implementación no ha estado exenta de dificultades. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha señalado que, a pesar de los avances, la cobertura efectiva del programa todavía es insuficiente, alcanzando solo al 50% del potencial colectivo priorizado. Entre los principales obstáculos, señala la rigidez en los procedimientos, la lentitud en los trámites, la falta de información clara y la fragmentación administrativa, producto de las distintas ayudas autonómicas y la descoordinación entre la Seguridad Social y las administraciones regionales.
Estas barreras burocráticas impiden que muchas familias en situación de pobreza, que cumplen con los requisitos, puedan acceder rápidamente a la ayuda. Angel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, resaltó que la complejidad en la gestión excluye a un número significativo de potenciales beneficiarios, subrayando la urgencia de simplificar los procesos para ampliar la cobertura y garantizar que ninguna familia quede excluida por motivos administrativos.
Asimismo, expertos proponen que la ayuda del IMV se ajuste más de cerca a los umbrales de pobreza, eliminando topes y escalas que penalizan a los hogares con mayor número de integrantes, actualmente recibiendo una ayuda considerada insuficiente. De esta manera, se busca una mayor equidad y efectividad en la distribución de recursos, alineando las prestaciones con los estándares internacionales y las mediciones de pobreza utilizadas por organismos como Eurostat.
En medio de estos desafíos, el gobierno continúa impulsando reformas que permitan optimizar la gestión del IMV y ampliar su impacto en la reducción de la pobreza infantil y familiar. La prioridad, enfatizan las autoridades, es hacer del ingreso mínimo un mecanismo efectivo y accesible que contribuya a una salida digna para las familias más vulnerables del país.
