Dos semanas después de la inédita elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha finalizado el cómputo de 458,7 millones de votos, con una participación del 13%. Estos comicios, marcados por irregularidades y tensiones de poderes, han sido validados por la autoridad electoral, iniciando la entrega de constancias a los ganadores. Sin embargo, los candidatos aún deben enfrentar revisiones de fiscalización y demostrar la idoneidad de sus perfiles antes de tomar posesión el 1 de septiembre. El proceso incluye también la resolución de impugnaciones antes del 28 de agosto, fecha crucial para concluir esta innovadora elección.
La elección enfrenta críticas, como el uso de «acordeones», y está bajo escrutinio de organismos como la OEA, que ha calificado el proceso como apresurado y erróneo, sugiriendo no replicarlo en otros países. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los resultados, destacando el valor de la participación ciudadana frente a decisiones legislativas. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, celebró que este sea el primer Poder Judicial con sello popular, a pesar de los desafíos presupuestarios y logísticos enfrentados por el organismo. La entrega de las primeras constancias se prevé para el 15 de junio, sujeta al cumplimiento de protocolos para evitar que personas con antecedentes de violencia asuman cargos. La fase final de esta elección queda en manos del Tribunal Electoral.
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