El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible en España ha generado preocupación entre diversos sectores debido a la propuesta de desregularización del transporte en autobús, lo que podría amenazar los derechos de los ciudadanos y la cohesión territorial. Este proyecto, aún en tramitación en el Congreso, busca modificar el modelo concesional que ha garantizado hasta ahora un servicio público con condiciones laborales dignas. Mientras algunos grupos parlamentarios han propuesto enmiendas para suprimir el controversial artículo 50, otros respaldan la idea de que la liberalización podría aumentar la cantidad de viajeros y mejorar el servicio, aunque ejemplos internacionales en países como Alemania y Francia demuestran lo contrario. En estos países, la desregulación ha llevado a la concentración del mercado en manos de unos pocos operadores dominantes, reduciendo la competencia, afectando las condiciones laborales y resultando en un aumento de los precios.
La experiencia en Alemania y Francia muestra que tras la entrada de grandes operadores como Flixbus y Blablacar, el mercado ha sufrido una monopolización, con consecuencias preocupantes para los trabajadores, quienes enfrentan condiciones laborales precarias debido a la subcontratación y descentralización de la gestión de recursos humanos. Además, los precios en estos mercados han subido significativamente, con tarifas dinámicas que varían drásticamente incluso en un mismo día, afectando especialmente a los usuarios en situaciones de alta demanda, como durante las huelgas ferroviarias. En contraste, el sistema español regulado permite precios más estables y accesibles, con tarifas supervisadas por la administración pública, asegurando descuentos para familias numerosas y otros grupos vulnerables. De aprobarse la desregulación, el acceso a un transporte público de calidad podría ser severamente restringido, poniendo en riesgo un modelo que, actualmente, es bien valorado por los usuarios por su accesibilidad y sostenibilidad.
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