En un evento reciente en Medellín, nueve cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro, desatando una ola de controversia similar a la que ocurrió en 2004 cuando paramilitares colombianos fueron ovacionados en el Congreso. Estos líderes, que cumplen condena en Itagüí, participaron en un encuentro público para hablar sobre paz urbana, en el marco de su mesa de negociación con el gobierno. Aunque el objetivo era discutir la reducción de la criminalidad en la ciudad, las críticas no se hicieron esperar, señalando un posible intento de legitimación de figuras delictivas.
El evento, conocido como el ‘tarimazo’, ha puesto bajo escrutinio la gestión de la política de paz del gobierno de Petro, que actualmente carece de un marco legal sólido para avanzar. Mientras críticos cuestionan la presencia de esos individuos en una plataforma pública, la defensora del Pueblo sugiere que la paz urbana es necesaria, pero sin glorificar a los perpetradores. Esta controversia subraya las tensiones entre las políticas de desmovilización y la percepción pública de que el exhibicionismo político puede socavar los esfuerzos legítimos para lograr una paz sostenible en la ciudad y el país.
Leer noticia completa en El Pais.
