Las acusaciones populares que forman parte del caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han presentado un escrito en el que solicitan su procesamiento por delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz. Además, se requiere el mismo castigo de tres años de prisión para Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y presidente de esa diputación, evidenciando así un fuerte enfoque en la rendición de cuentas en la gestión pública.
El documento, al que tuvo acceso 20minutos, incluye demandas adicionales como la devolución de todos los ingresos percibidos por Sánchez durante su ocupación como jefe de la oficina de artes escénicas. Las acusaciones, que involucran a partidos como PP y Vox, así como a organizaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, también proponen una inhabilitación especial para David Sánchez que le excluiría de cualquier cargo público y del ejercicio del derecho al sufragio pasivo por un periodo de seis años.
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