

El Ministerio de Trabajo de España ha tomado una decisión que marca un cambio en el enfoque del diálogo social en el país. En una medida que ha generado tensión y rechazo por parte del sector empresarial, el Gobierno ha decidido cerrar de manera definitiva la mesa de negociación a tres bandas para la ampliación del permiso por duelo, tras la resistencia mostrada por la CEOE y Cepyme a colaborar en esta materia.
Durante una rueda de prensa, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, criticó duramente la postura de las patronales, calificándola de “insensible” y de actitud que implica decir “no a todo”. Al detallar el proceso, Pérez Rey explicó que las conversaciones, en las que también participaban sindicatos como CCOO y UGT, llegaron a un punto muerto cuando la patronal reiteró su negativa a evaluar cualquier propuesta, limitándose a alegar motivos estrictamente económicos para justificar su rechazo. La postura de las empresas, según el representante gubernamental, ha sido un obstáculo para avanzar en mejoras significativas en los permisos laborales relacionados con el duelo y las pérdidas familiares.
El anuncio del cierre de la mesa de diálogo social ha sido acompañado por una postura firme del Ejecutivo, que optará por negociar directamente con los sindicatos para promover nuevas medidas. Entre ellas, se contempla la ampliación del permiso por fallecimiento y la instauración de un permiso adicional para cuidados paliativos, con perspectivas de incrementar a diez días el período en que los familiares pueden hacer uso del permiso tras la pérdida, y hasta 15 días en casos de atención en cuidados paliativos.
En contraparte, las asociaciones patronales han emitido un comunicado en el que cuestionan la propia naturaleza del proceso y la legitimidad de las mesas de negociación. La CEOE y Cepyme sostienen que estas reuniones no estaban diseñadas originalmente como espacios de negociación sino como foros de consulta, y que la reciente decisión del Ministerio de poner fin a la mesa tripartita se realiza “al margen del diálogo social”. Además, denuncian que las propuestas del Gobierno representan un intento de trasladar las responsabilidades y costes de las políticas públicas a las empresas, aspecto que consideran incompatible con la realidad del sector.
Desde el Ministerio, la valoración es que la actitud empresarial evidencia que la mesa de diálogo social está en crisis definitiva. El secretario de Estado ha señalado que la postura de las patronales “no es aceptable” y que el Gobierno seguirá avanzado en su rol de legislar y proteger los derechos laborales. La propuesta en proceso incluye también un aumento en los permisos por fallecimiento, permitiendo a las familias distribuir estos días de forma flexible durante las cuatro semanas posteriores al evento.
Este enfrentamiento se enmarca en una agenda más amplia de reformas laborales y de protección social impulsadas por el Ejecutivo, en un contexto en que la patronal parece jugar un papel de resistencia frente a las iniciativas gubernamentales. La campaña electoral en marcha y los intereses económicos parecen ser factores que, según diferentes analistas, inciden en la postura de las empresas, que buscan defender sus costos y responsabilidades en un escenario que, según indican desde el Gobierno, requiere de mayor compromiso y sensibilidad social.
