El lehendakari, Íñigo Urkullu, recientemente instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que tomara medidas y pusiera orden dentro de su gabinete, reflejando tensiones en la coordinación política entre el Ejecutivo central y las autonomías. Esta demanda se produjo en un contexto de creciente presión por parte del gobierno vasco para lograr una mayor autonomía en la gestión de servicios públicos. La intervención del lehendakari subraya la importancia de optimizar la administración descentralizada dentro de un marco de colaboración y respeto a las competencias autonómicas.
Un mes después de esta petición, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la transferencia de la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al Gobierno Vasco. Este movimiento ha sido interpretado como un paso significativo hacia el fortalecimiento de la autonomía vasca en materia de empleo, permitiéndole gestionar de manera directa las políticas laborales y de empleo en la región. Esta medida, considerada un triunfo para el gobierno vasco, podría establecer un precedente para futuras transferencias de competencias hacia otras comunidades autónomas.
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