El Gobierno español ha ofrecido al Partido Popular (PP) dos fechas específicas para retomar las negociaciones sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un diálogo cuya ruptura fue provocada por el propio PP hace mes y medio. En medio de esta tensión, Canarias y Ceuta, ambas bajo influencia del PP, han mostrado su disposición a sentarse nuevamente en la mesa. Sin embargo, la situación es complicada por el contexto político actual, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido una moción de censura tras delicadas acusaciones de corrupción que involucran a figuras socialistas en el caso Koldo. En este clima, el Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado la necesidad de una respuesta clara y rápida del PP, considerando la presión insostenible que enfrentan comunidades como Ceuta, que ha superado con creces su capacidad de acogida.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado la importancia de una respuesta de «Estado» por parte del PP, escapando del enfrentamiento judicial derivado del caso abierto en la Audiencia Nacional. El Ejecutivo insiste en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes, una posición que cuenta con el respaldo de Canarias y Ceuta. En paralelo, el PSOE ha decidido querellarse contra el empresario Víctor de Aldama por injurias y calumnias, mientras desde el entorno de Feijóo se mantienen firmes en sus condiciones y acusan al Gobierno de estar acorralado por la supuesta corrupción interna. En este complejo escenario, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado apoyos financieros inmediatos para gestionar la crisis humanitaria, enfatizando la necesidad de establecer una solución estructural y duradera que permita la acogida adecuada y equilibrada de los menores en toda la península.
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