El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha presentado a la Comisión Europea una propuesta destinada a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en las islas Canarias. La iniciativa, anunciada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, busca aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en un territorio caracterizado por un crecimiento acelerado de los precios de la vivienda y una alta demanda generada en gran medida por la presencia del turismo internacional.
La medida contempla la introducción de límites específicos a la adquisición de inmuebles que no sean destinados a residencia habitual, dificultando así el acceso a la vivienda para extranjeros no residentes y protegiendo a los colectivos vulnerables, incluyendo a la población joven. Según se ha informado, esta propuesta forma parte de un paquete de acciones que también ha sido presentado a las autoridades comunitarias, con la intención de incluirla en la futura reforma de la regulación de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea.
Estas zonas, que comprenden territorios situados en condiciones socioeconómicas y geográficas particulares, buscan mecanismos legislativos que permitan reducir los costos de acceso a la vivienda, actualmente afectados por el aumento exponencial del interés de inversores extranjeros y la demanda turística que eleva los precios de manera significativa. La implementación de estas medidas apunta a crear un marco legal que facilite a los residentes locales la posibilidad de acceder a viviendas asequibles, en un contexto donde la oferta para los residentes ha quedado desbordada en comparación con la demanda local.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha llevado cifras a Bruselas que evidencian la magnitud del fenómeno. Según sus datos, aproximadamente una de cada cuatro viviendas en venta en las islas termina en manos de compradores extranjeros, principalmente procedentes de Reino Unido, Marruecos y Alemania. Esta tendencia ha contribuido a encarecer el acceso a la vivienda para los residentes, en un territorio marcado por su fragmentación y limitaciones territoriales, que dificultan la expansión de nuevas construcciones o la ampliación de la oferta inmobiliaria nacional.
La iniciativa llega en un momento en el que las autoridades regionales y nacionales buscan reducir la vulnerabilidad social frente a las fluctuaciones del mercado inmobiliario, que han convertido a la vivienda en un bien cada vez más inaccesible para la población local. La propuesta del Gobierno de Canarias pretende, además, consolidar medidas que permitan regular y controlar de forma más efectiva la compra de inmuebles, con una visión de protección social y sostenibilidad territorial, teniendo en cuenta las características especiales de los territorios ultraperiféricos y su alta dependencia del turismo como motor económico.
Este esfuerzo por limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros y hacer más accesibles los inmuebles a los residentes se enmarca en una estrategia más amplia de gestión del crecimiento urbano y protección del bienestar social, que continúa siendo uno de los principales retos para las administraciones en unas islas que, por su condición insular y su dependencia de la economía turística, enfrentan desafíos inéditos en materia de mercado inmobiliario y equidad social.
