El Gobierno ha presentado una propuesta para ampliar el sistema de acogida en 4.437 camas, destinada principalmente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Esta iniciativa ha sido recibida con rechazo por parte de la formación política conservadora, que controla la mayoría de las regiones afectadas por el plan. La redistribución planteada por el Ejecutivo se traduce en que un 91% de estas camas estaría ubicado en territorios ‘populares’, lo que ha generado tensiones políticas y críticas por parte de los representantes del PP, quienes ven en esta distribución un intento de sobrecargar a sus comunidades con responsabilidades adicionales.
El incremento de plazas de acogida responde a las crecientes necesidades derivadas de la llegada de solicitantes de asilo y otras personas en situación vulnerable. No obstante, el PP argumenta que esta propuesta del Gobierno central es desproporcionada e inequitativa, ya que no tiene en cuenta las capacidades ni los recursos disponibles de las autonomías afectadas. A su vez, desde el Ejecutivo defienden que la medida busca una respuesta coordinada y solidaria ante la crisis de acogida, repartiendo el esfuerzo entre las comunidades con mayor capacidad de respuesta. Mientras las negociaciones continúan, el debate se enmarca en un contexto más amplio de diferencias políticas y retos migratorios que afectan a toda España.
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