El Gobierno español ha negado categóricamente cualquier implicación en las coacciones que dice haber sufrido Edmundo González, líder opositor venezolano, por parte del régimen de Nicolás Maduro. González, quien afirma que fue chantajeado para firmar un documento de aceptación de derrota electoral a cambio de poder salir de Venezuela, denunció que estos eventos ocurrieron en la residencia del embajador español en Caracas. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, aseguran que el Ejecutivo no tuvo participación en las negociaciones entre González y el régimen venezolano y que el embajador español tenía instrucciones de no inmiscuirse en las acciones del líder opositor.
La revelación de González ha provocado una fuerte reacción política en España. El Partido Popular (PP) ha señalado al Gobierno como «cooperador necesario» en lo que consideran un «golpe de Estado» en Venezuela, acusando al Ejecutivo de complicidad con Maduro. En respuesta, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la actuación «impecable» del Gobierno en la salida de González, criticando las acusaciones del PP como infundadas y calumniantes. El ministro Ángel Víctor Torres también ha respaldado esta postura, subrayando que el Gobierno español actuó para proteger a González y que las acusaciones de coacción son falsas.
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