El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que exime a las personas desempleadas de la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de 2026, requisito que se había pospuesto y ahora queda definitivamente descartado. Inicialmente, esta obligación fue adoptada en 2024 con el objetivo de proporcionar una fuente adicional de información, pero el Gobierno ha reconocido que la carga administrativa resultante es excesiva para los beneficiarios de prestaciones por desempleo. La modificación busca evitar cambios en las obligaciones tributarias de estas personas, considerándose que la implementación de la obligatoriedad ofrecía poco beneficio a cambio de un notable aumento en la burocracia tanto para los ciudadanos como para la administración.

Este giro en la política se da en el contexto de un análisis retrospectivo que incluyó una evaluación del impacto administrativo y financiero de exigir a más de 2.5 millones de nuevos contribuyentes presentar su declaración de IRPF. El Gobierno indica que el 75% de estas personas reciben prestaciones por debajo de 5.400 euros al año, haciendo poco práctico exigirles tributar por rentas derivadas del desempleo. Aunque la medida originalmente pretendía equiparar estas obligaciones con aquellas aplicables al ingreso mínimo vital, la gestión fiscal aumentada se considera innecesaria gracias a la interoperabilidad mejorada con la Agencia Tributaria. Estas razones han liderado el consenso sobre la eliminación de la norma, optimizando la administración de las prestaciones sociales sin incrementar las cargas fiscales de los beneficiarios.

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