La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado una inversión significativa de más de 22.000 millones de dólares dirigida a fortalecer el sistema eléctrico nacional. Este plan busca añadir 22.674 megavatios a la capacidad energética del país, junto con 6.400 megavatios de generación privada, abarcando proyectos eólicos, fotovoltaicos y de ciclo combinado. Esta iniciativa no solo contempla un incremento en el desarrollo industrial, sino también la electrificación de más de medio millón de hogares actualmente sin servicio. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos importantes, entre ellos, la pérdida de aproximadamente un 10% de los ingresos potenciales debido al fraude y pérdidas en la distribución, lo que representa un obstáculo significativo para lograr una gestión eficiente y sostenible de la energía.
En paralelo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emprendido un proceso de modernización del servicio, que incluye la instalación de medidores digitales para reducir el fraude y mejorar la gestión del consumo eléctrico. Pese a que las tarifas eléctricas en México son relativamente bajas en comparación con otros países, especialmente en áreas de menor ingreso, el subsidio ha ejercido una presión considerable sobre las finanzas del gobierno. Además, el sistema eléctrico mexicano depende en gran medida del gas importado de Estados Unidos, lo que añade una variable crítica al abastecimiento. A todo esto se suman problemáticas de índole social y político que complican la situación, como la resistencia a la regulación del suministro eléctrico en ciertos sectores. Opiniones de expertos sugieren que, aunque las inversiones planeadas son un paso en la dirección correcta, el desafío radica en implementar medidas efectivas para mitigar las pérdidas no técnicas y adoptar tecnologías avanzadas que aseguren un suministro eléctrico confiable y sostenible.
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