El gobierno español ha mostrado una política inconsistente en relación con las juntas de accionistas de los dos grupos empresariales en los que mantiene participación estatal, suscitando un debate sobre la coherencia y transparencia de su gestión. Esta dualidad quedó patente durante las asambleas recientes, donde por un lado, se optó por intervenir activamente en la junta de una de las compañías, instruyendo directrices específicas y/o intentando influir en las decisiones estratégicas, mientras que en la otra, el gobierno adoptó un enfoque más pasivo, permitiendo que la gestión interna de la empresa prosiga sin presiones externas significativas. Este comportamiento variado ha levantado críticas entre los analistas del mercado y expertos en gobernanza sobre la falta de una política uniforme, generando especulaciones respecto a los motivos detrás de estas acciones diferenciadas y la posible inclinación del gobierno hacia ciertos intereses empresariales.
La disparidad en la actuación gubernamental podría estar influenciada por factores como la naturaleza de las empresas, el contexto económico actual o relaciones previas con los cuerpos directivos de las organizaciones involucradas. Sin embargo, para muchos observadores, la falta de claridad en los fundamentos detrás de estas decisiones sigue siendo preocupante. Se argumenta que tal comportamiento podría afectar la percepción pública sobre la imparcialidad del Estado en asuntos corporativos, además de potencialmente desestabilizar la confianza de inversores y socios internacionales. A raíz de esta situación, algunos expertos han instado al gobierno a aclarar sus políticas de participación accionarial y a establecer una guía más clara y estratégica para participar en la gestión de las empresas donde tiene intereses, con el objetivo de mantener una imagen de transparencia y equidad en su intervención corporativa.
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