Desde 2006, los vientres de alquiler son ilegales en España, considerados además una forma de violencia contra las mujeres tras la reforma de la ley del aborto en 2022. A pesar de esto, muchos españoles optan por viajar a países donde esta práctica es legal, inscribiendo a los bebés nacidos mediante este método en el extranjero y extendiendo luego esa filiación en España. Sin embargo, las recientes disposiciones del Boletín Oficial del Estado cerrarán estas lagunas legales, reafirmando que ningún documento extranjero será válido para inscribir a estos niños en los registros civiles españoles, siguiendo la línea marcada por el Tribunal Supremo al considerar esta práctica como una explotación tanto de las madres como del menor.
El cambio administrativo obliga a que, al llegar a España, se deba emprender un proceso judicial para determinar la filiación, atendiendo a la legislación nacional y las convenciones internacionales. Mientras tanto, la instrucción del Gobierno no prevé tipificaciones penales, a diferencia de Italia, donde se penaliza severamente la práctica. La gestación subrogada, que se ha convertido en una industria lucrativa con costos que pueden variar significativamente dependiendo del país y circunstancias, sigue siendo un tema de intenso debate social. En España, tanto la comunidad médica como diversos partidos políticos coinciden en su oposición, destacando que ser padres es un deseo y no un derecho.
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