El reciente cambio legislativo marca un hito significativo al extender la duración del cargo público de cuatro a cinco años. Esta modificación, que está en camino de ser implementada, busca proporcionar una mayor estabilidad institucional y permitir un periodo más amplio para la ejecución de proyectos a largo plazo. Los partidarios argumentan que este ajuste temporal permitirá a los funcionarios enfocar sus esfuerzos en desarrollar políticas más sostenibles y menos influenciadas por la urgencia de ciclos electorales cortos.
Sin embargo, este cambio ha suscitado un intenso debate político. Los críticos expresan preocupación por el posible incremento en la permanencia de mandatos ineficaces, advirtiendo que podría dificultar los procesos de rendición de cuentas. Mientras tanto, diversas organizaciones civiles y expertos en gobernanza exigen garantías para asegurar que el poder prolongado no reduzca la transparencia ni la participación ciudadana. El contexto social y político en torno a esta reforma será definitorio en su implementación y en la percepción pública de sus beneficios a largo plazo.
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