El coste per cápita en los centros públicos de salud ha sido calculado en 1.736 euros, un monto que representa un desafío significativo para los presupuestos de Muface, la mutualidad para funcionarios del Estado en España. A pesar de esta cifra, Muface ha establecido un tope máximo de 1.262 euros por persona para aquellos afiliados que opten por recibir atención médica en entidades privadas. Esta disparidad de casi 500 euros subraya las dificultades fiscales y operativas que enfrenta la administración en la gestión de los recursos sanitarios, así como la presión para equilibrar el acceso a servicios públicos y privados de calidad.
El desajuste financiero entre el coste real y las asignaciones de Muface ha generado preocupación entre los actores del sector sanitario, quienes advierten sobre las implicaciones negativas que esto puede tener tanto en la calidad de la atención médica como en la sostenibilidad del sistema. Los centros de salud privados podrían verse obligados a ajustar sus servicios y recursos para adaptar sus operaciones al presupuesto limitado de Muface, lo que a su vez podría afectar el acceso equitativo a la atención médica para los funcionarios. Este contexto plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para satisfacer adecuadamente la demanda de servicios sanitarios en un entorno económico restringido.
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