El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy que, de manera inminente, se enviará al Consejo de Estado el borrador de un Real Decreto destinado a la creación y regulación del Consejo de Memoria Democrática. Dentro de este órgano funcionará la llamada «comisión de la verdad», encargada de investigar las vulneraciones de los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la Dictadura en España. Esta comisión estará conformada por personas y entidades memorialistas de reconocida solvencia en el ámbito académico.
La declaración de Torres se produjo en respuesta a una interpelación del grupo parlamentario EH Bildu en el Congreso de los Diputados, relacionada con los sucesos acaecidos durante los Sanfermines de 1978. En dicho evento, un grupo de personas desplegó una pancarta exigiendo la amnistía total, acción que provocó la intervención de la Policía Armada en la plaza de toros de Pamplona. La violenta carga policial, que incluyó el uso de fuego real, resultó en la muerte del estudiante Germán Rodríguez, quien recibió un disparo en la frente, y dejó un saldo de 150 personas heridas.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en la investigación y reconocimiento de los crímenes y graves violaciones de derechos humanos ocurridos en uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de España. La constitución del Consejo de Memoria Democrática y su consecuente «comisión de la verdad» representan pasos significativos en el esfuerzo del Ejecutivo por abordar estas cuestiones de manera sistemática y formal.
Este anuncio sugiere la intención del Gobierno de no asumir únicamente una postura conmemorativa, sino de adoptar medidas concretas que permitan un profundo análisis y esclarecimiento de los hechos históricos. La inclusión de figuras y entidades académicamente competentes apunta a dotar de rigor y credibilidad a este proceso.
La respuesta de EH Bildu y otros sectores parlamentarios aún no ha sido manifestada públicamente, pero se anticipa que este movimiento del Ejecutivo generará amplias reacciones y debates tanto en el ámbito político como social, especialmente entre colectivos de víctimas y organizaciones pro derechos humanos.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
