El Gobierno de España ha propuesto un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% para el año 2026, lo que elevaría la cifra actual de 1.184 euros netos mensuales a 1.221 euros en 14 pagas al año, beneficiando a aproximadamente 2,5 millones de trabajadores. Esta medida, que busca cerrar el aumento dentro de la banda baja recomendada por el comité de expertos, será aprobada por el Consejo de Ministros con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado que los sindicatos CC OO y UGT han expresado su apoyo a la propuesta, y existe una esperanzadora apertura por parte de los empresarios a respaldarla, después de que el Ministerio de Trabajo mostrase su disposición a flexibilizar las reglas de indexación del SMI en los contratos públicos.

La cuestión tributaria ha sido un eje central en las negociaciones, dado que el aumento sostenido del SMI desde 2018 en un 61% ha generado un notable impacto en la exención del IRPF para sus perceptores. El Gobierno ha asegurado que los beneficiarios del SMI no pagarán impuestos sobre la renta resultante de esta propuesta, gracias a deducciones específicas sustentadas por el Ministerio de Hacienda. A pesar de que no existe una obligación legal de negociar esta subida con los agentes sociales, la tradición de consulta y consenso ha prevalecido. La iniciativa gubernamental abre la puerta a un acuerdo tripartito emblemático, en un contexto donde las posiciones iniciales de los sindicatos y la patronal estaban bastante polarizadas, solicitando unos incrementos del 7,5% y del 1,5% respectivamente.

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