En el ámbito político español, la reciente polémica en torno a la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 ha generado un fuerte debate, tras el anuncio de Moncloa de mantener cambios que disminuirían las penas para más de 40 etarras. El Partido Popular (PP), que anteriormente brindó apoyo unánime a esta ley en el Congreso, ha intentado rectificar su posición solicitando a los grupos parlamentarios que retiren las enmiendas propuestas por el partido Sumar. Sin embargo, la falta de consenso entre los diferentes partidos ha impedido el avance de esta solicitud. Ante esta situación, el PP, utilizando su mayoría en el Senado, decidió posponer la votación prevista. La posición del PP ha sido objeto de críticas tanto por parte del Gobierno como de otras organizaciones, quienes sugieren que este partido ya conocía las implicaciones de las reformas aprobadas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido públicamente la responsabilidad del error, pidiendo disculpas a las víctimas de ETA y subrayando su rechazo hacia lo que denomina un «pacto encapuchado» del Gobierno con Bildu. En contraste, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la ley argumentando que sigue la normativa comunitaria europea y desestimando las acusaciones del PP. Las reacciones han sido múltiples y con diversas perspectivas, incluyendo la profunda indignación expresada por Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, quien critico a toda la clase política por esta situación. Mientras tanto, el PP ha informado que no tomará medidas disciplinarias contra los miembros que participaron en la aprobación de estas enmiendas, subrayando que se trata de una responsabilidad colectiva dentro del partido.
Leer noticia completa en 20minutos.
